Finalmente pasadas las galas y festejos, el 12 de diciembre llegaban al conocimiento público algunos de los nombramientos de rigor encarados por cada nuevo primer mandatario del Poder Ejecutivo, que se hallaban pendientes. Publicado con anterioridad, el decreto 1344/07 del 5 de octubre creaba la figura del Servicio Administrativo Financiero (antes sólo era en un indeterminado plural, hoy es S. A. F.). Según la ley que la preside, la 24.156, y ella misma deben garantizar el control “anterior y posterior” a las actuaciones de auditoría interna.
Así como el Director de la Comisión Nacional de Valores funciona como contralor al correcto desempeño del sector comercial, el Director del Servicio Administrativo Financiero será la figura que injertará el control político sobre las partidas previamente aprobadas tanto hacia un lado por el cuadro administrativo correspondiente, y también, por el funcionario público que haya movilizado la medida distributiva correspondiente.
Según las versiones ese lugar lo ocuparía Julio Vitobello, empleado directo de Alberto Fernández, y lo haría desde el escaño de la SIGEN. Eso advertíamos hace unos meses, cuatro días posterior a la fecha en que se creó la figura que Vitobello dejaba vacía en el Ministerio de Economía de acuerdo a su inminente asunción en el organismo de control SIGEN. Dicho organismo se hallaba al mando de Claudio Moroni, quien hoy pasa a la ANSSES, tras dejar Sergio Massa el puesto conforme a que mudó su función a La Plata.
Todo esto no hace más que modificar el recorrido necesario por vía constitucional del control de los organismos del Estado. Allí se abren tres frentes. Al día de la fecha tanto el fiscal Montenegro como López Biscayart fueron removidos del papel prominente que adquirieron los días de las papas calientes con la energía (el De Vido gate). En su lugar por rango operativo, al salir Stornelli que hoy se dedica al ejercicio liberal, y el enjuiciamiento de Tiscornia, dejan el lugar de querellante en el sector a Iribarne (juez de parte en esta última causa por mal desempeño).
Ahora el verdadero atolladero, ya que aún no se abarrotan los “pedidos” o partidas determinadas en el presupuesto (llegarán leyes para cuyos redactores los sueños adquirirán dignidad parlamentaria), lo integra el denominado team de la Auditoria General de la Nación, encargada de controlar a la institución que aprobará o rechazará dichas leyes, y encargado indirecto de la orquestación legislativa, es decir, de decir cómo se aprueban.
Según el diario Clarín del 12 de diciembre la composición de dicho ente de control estaría presidido por 4 peronistas, y tres radicales, uno de los cuales será el presidente. El problema radica en que de aquellos cuatro diputados y senadores, dos: Oscar Lamberto y Vicente Brusca, ambos diputados, figuran en lo que tradicionalmente se llamó FREJULI, que hoy se encuentra jalonada por la pulseada entre radicales k y el nuevo peronismo (¡), (¡!!) de los Rodríguez Saa y los petro-pesos patagónicos de Sobisch. Como contraposición, Francisco Fernández y Gerardo Palacios, abiertamente menemistas. Actualmente, los últimos referidos ya se encuentran querellando al radical Despouy, titular de la AGN.
otras fuentes:
http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0221/articulo.php?art=4924&ed=0221
http://www.cippec.org/nuevo/index.php
